Property law: preguntas frecuentes

Los impuestos varían según se trate de una vivienda nueva o de segunda mano. Si compra una vivienda de obra nueva directamente al promotor, deberá abonar el IVA al tipo reducido del 10 % sobre el precio de venta, más el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que en la Comunidad Valenciana se sitúa en el 1,5 % del valor escriturado.

Si la vivienda es de segunda mano, el impuesto aplicable es el de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO), cuyo tipo general en la Comunidad Valenciana es del 10 %. Existen tipos reducidos para determinados colectivos, como familias numerosas, jóvenes menores de 35 años o personas con discapacidad, que pueden beneficiarse de tipos del 8 % o incluso inferiores.

Además de estos impuestos, debe tener en cuenta los gastos de notaría, registro de la propiedad y, en su caso, los honorarios de gestoría. Le recomendamos solicitar un desglose detallado antes de firmar cualquier compromiso de compra.

Los ciudadanos extranjeros que deseen adquirir un inmueble en España necesitan obtener un Número de Identificación de Extranjero (NIE), que es imprescindible para cualquier operación económica o fiscal en el país. Este documento se puede solicitar en las comisarías de policía en España o en los consulados españoles en el extranjero.

Además del NIE, necesitará su pasaporte en vigor, una cuenta bancaria española para realizar los pagos y transferencias, y el justificante del origen de los fondos en cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales. Nuestro despacho le asiste en la obtención de toda la documentación necesaria y le acompaña durante todo el proceso de compra.

Es especialmente importante que un abogado independiente revise el contrato de arras y la escritura pública antes de la firma, ya que las prácticas inmobiliarias en España pueden diferir significativamente de las de otros países.

La nota simple es un documento oficial emitido por el Registro de la Propiedad que contiene información esencial sobre un inmueble: quién es el titular registral, la descripción de la finca, las cargas que pesan sobre ella (hipotecas, embargos, servidumbres) y cualquier limitación del dominio.

Solicitar una nota simple actualizada antes de comprar un inmueble es absolutamente fundamental. Le permite verificar que el vendedor es efectivamente el propietario, que la vivienda no tiene deudas pendientes y que no existen limitaciones que puedan afectar al uso que usted pretende darle. En nuestro despacho, la obtención y análisis de la nota simple es siempre el primer paso de cualquier operación de compraventa que gestionamos.

La duración de un procedimiento de desahucio por impago de rentas varía considerablemente según el partido judicial, la carga de trabajo del juzgado y las circunstancias concretas del caso. Como orientación general, un desahucio por impago suele resolverse en un plazo de entre 4 y 8 meses desde la presentación de la demanda.

El procedimiento comienza con un requerimiento de pago al inquilino. Si este no paga ni se opone en el plazo legal de 10 días hábiles, el juez dicta decreto dando por terminado el contrato y fijando fecha de lanzamiento. Si el inquilino se opone, se celebra un juicio verbal que puede alargar el proceso varios meses adicionales.

Es importante destacar que existen situaciones de vulnerabilidad social que pueden dar lugar a la suspensión del lanzamiento, especialmente cuando hay menores, personas con discapacidad o víctimas de violencia de género en el domicilio. Nuestros abogados le informarán sobre los plazos previsibles en su caso concreto.

No, la legislación española establece límites a las subidas de renta durante la vigencia del contrato. Según la Ley de Arrendamientos Urbanos, durante los primeros cinco años del contrato (siete si el arrendador es persona jurídica), la renta solo puede actualizarse anualmente conforme al índice de referencia que establezca la normativa vigente.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda de 2023, se han introducido limitaciones adicionales en zonas declaradas como tensionadas, donde las subidas de renta están especialmente restringidas. Además, se ha sustituido el IPC como índice de referencia por el Índice de Garantía de Competitividad (IGC) y, posteriormente, por un índice específico que publica el INE.

Le recomendamos consultar con nuestros abogados antes de aceptar cualquier subida de renta, ya que podría no ajustarse a la legalidad vigente.

Sí, la Ley de Propiedad Horizontal permite impugnar los acuerdos de la junta de propietarios cuando sean contrarios a la ley o a los estatutos de la comunidad, cuando resulten gravemente perjudiciales para los intereses de la comunidad en beneficio de uno o varios propietarios, o cuando supongan un grave perjuicio para algún propietario que no tenga obligación jurídica de soportarlo.

El plazo para impugnar es de tres meses desde la adopción del acuerdo (un año si el acuerdo es contrario a la ley o a los estatutos). Es requisito indispensable estar al corriente de pago de las cuotas comunitarias o haber consignado judicialmente las cantidades adeudadas. Además, el propietario impugnante debe haber votado en contra del acuerdo o haber estado ausente de la junta.

Nuestro equipo ha gestionado con éxito numerosas impugnaciones de acuerdos comunitarios en los juzgados de Valencia, consiguiendo la anulación de derramas injustas, obras no autorizadas y modificaciones estatutarias ilegales.

El plazo para presentar la autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es de seis meses desde el fallecimiento del causante. Este plazo puede prorrogarse por otros seis meses adicionales si se solicita la prórroga dentro de los cinco primeros meses desde el fallecimiento.

Es importante no dejar pasar este plazo, ya que la presentación fuera de término conlleva recargos e intereses de demora que pueden incrementar significativamente la carga fiscal. En la Comunidad Valenciana, las bonificaciones en el impuesto de sucesiones para familiares directos (cónyuge, ascendientes y descendientes) son muy favorables, con reducciones que pueden llegar al 99 % de la cuota tributaria en determinados supuestos.

Nuestros abogados le ayudarán a optimizar la liquidación fiscal de la herencia, aplicando todas las reducciones y bonificaciones a las que tenga derecho según la normativa autonómica valenciana.

Los honorarios de un abogado inmobiliario dependen de la complejidad del asunto, el tipo de servicio y el tiempo dedicado. En Reliable Property Guidance trabajamos con presupuestos cerrados siempre que sea posible, para que usted conozca de antemano el coste total del servicio sin sorpresas.

Para servicios estándar como la revisión de un contrato de compraventa o la redacción de un contrato de arrendamiento, ofrecemos tarifas competitivas que comunicamos antes de iniciar cualquier trabajo. Para asuntos más complejos, como litigios judiciales o gestiones urbanísticas, elaboramos un presupuesto personalizado tras analizar las circunstancias de su caso.

La primera consulta le permite exponer su situación y recibir una orientación inicial sobre las opciones legales disponibles y los costes estimados. Llámenos al +34 96 756 33 33 para concertar una cita.